Grafico de la Sentencia Procedimiento por parte de la Guarderia Ambiental

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia

Sala Constitucional

Corte Primera de lo Contencioso Administrativo

Procedimiento por parte de la Guardería Ambiental

(I)               Causa Contentiva

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Tibaide Morffe de Hernández, titular de la cédula de identidad Nº 4.280.302, asistida por el abogado César Augusto Hernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº. 5.014, en contra de los ciudadanos Natividad Colmenares y Magdalena Morán, en su carácter de efectivos de las Fuerzas Armadas de Cooperación cumpliendo funciones de Guardería Ambiental  del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.

(II)            Antecedentes

Señala la accionante que el Instituto Agrario Nacional le otorgó la posesión de un terreno de 3,12 hectáreas, donde tiene tres galpones para la cría de pollos e inició la construcción de un cuarto galpón. Dicha construcción fue autorizada  por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, organismo que le expidió una “Conformación de uso pecuario” para construir seis galpones dentro de un área de 5000 mts2,  la cual  se encuentra vigente porque no tiene fecha de caducidad en forma expresa.

los ciudadanos Natividad Colmenares y Magdalena Morán identificados como “efectivos de las Fuerzas Armadas de Cooperación, en cumplimiento de sus funciones de Guardería Ambiental y de los Recursos Naturales Renovables” se presentaron en su propiedad y levantaron un acta, donde ordenaron la paralización de las actividades de construcción del galpón, hasta tanto se determinara  el proceso legal correspondiente.

Que los referidos funcionarios le comunican la orden de paralización de la obra al encargado de la construcción a través de una misiva personal y privada.

La Directora  de la Gerencia Territorial de Carabobo, del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, de conformidad con el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ordenó la apertura de un procedimiento, a los fines de determinar la veracidad de los hechos y establecer las responsabilidades a que hubiere lugar en contra de la accionante por estar incursa en un ilícito ambiental, por la presunta violación del artículo 7 de la Ley Forestal de Suelos y Aguas.

Alega que la infracción que le atribuye el referido organismo, no es por contaminación del medio ambiente, sino por no tener los permisos de construcción. Igualmente alega que el Comando de la Guardia Nacional debió limitarse a efectuar una inspección a los fines de realizar un informe para la autoridad ambiental pertinente, pero no paralizar la obra, lo cual constituyó extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Igualmente señala que se le violó el derecho a dedicarse a la actividad económica de su preferencia ya que se le impide poner en producción el galpón que está destinado junto con los otros a la explotación avícola y que yo no puedo realizar en otra parte violándose con ello el artículo 96 de la Constitución.

 La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo admitió la presente acción de amparo y acordó medida cautelar innominada, suspendiendo los efectos del acto impugnado.

(III)        De la Competencia

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, declinó su competencia en esta Sala Constitucional, para conocer de la presente apelación.

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, la apelación de la sentencia emanada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la cual conoció en primera instancia de un amparo constitucional incoado contra una actuación de efectivos de las Fuerzas Armadas de Cooperación cumpliendo funciones de Guardería Ambiental de los Recursos Naturales Renovables, Gerencia Carabobo, Departamento de Coordinación de Guardería Ambiental de los Recursos Naturales Renovables, motivo por el cual, esta Sala, se declara competente para conocer de la  presente apelación

 

(IV)         Del Fallo Apelado

 Se declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Tibaide Morffe de Hernández en contra de los ciudadanos Natividad Colmenares y Magdalena Morán, en su carácter de efectivos de las Fuerzas Armadas de Cooperación cumpliendo funciones de Guardería Ambiental y de los Recursos Naturales Renovables.

 

(V)            Fundamentos de la Apelación

El apoderado judicial de la accionante, fundamenta su apelación y afirma la representación de la accionante que la sentencia apelada erró en calificar al presunto agraviante, que la sentencia objeto de apelación tomó en cuenta hechos que no se comprobaron en el juicio de amparo, tales como la destrucción de la vegetación y los movimientos de tierra, actividades éstas que no se llevaron a cabo en los terrenos de la accionante y que no fueron mencionadas en ningún momento en la inspección realizada por los Efectivos de las Fuerzas Armadas de Cooperación.

  Que el a quo, para motivar su decisión se basó en el artículo 96 y 99 de la Constitución, pero olvida que los accionados estaban cumpliendo función de Guardería Ambiental, y por lo tanto, no podía la sentencia omitir la aplicación, como en efecto lo hizo, del Reglamento sobre Guardería Ambiental, en consecuencia se considera que la representación de la apelante que el tribunal de amparo incurrió en un error de derecho por falta de aplicación de la respectiva normativa legal.

Sostiene igualmente que la parte agraviante no tenía motivos para paralizar la obra, pues no existía un acto administrativo previo y motivado, que indicara alguna medida preventiva, dictado por una autoridad competente, por lo tanto se le violaron sus derechos constitucionales a la propiedad y a la libertad económica.

(VI)         Motivaciones para Decidir

En este sentido observa la Sala que la accionante interpuso la acción de amparo en contra de los ciudadanos Magdalena Morán y Natividad Colmenares, quienes, como Efectivos de las Fuerzas Armadas de Cooperación, cumpliendo funciones de Guardería Ambiental del Ministerio del Ambiente, emitieron la orden de paralización de construcción del galpón para la cría de pollos, que se llevaba a cabo en los terrenos otorgados a la ciudadana Tibaide Morffe de Hernández.

 Advierte esta Sala que los referidos ciudadanos actuaron en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, por lo tanto es el órgano administrativo, en el presente caso el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, el responsable por toda la actuación de sus autoridades legítimas en ejercicio de sus funciones, en consecuencia  no existió error en calificar al presunto agraviante, y así se decide.

(VII)       Decisión

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Confirma la sentencia de fecha 1º de julio de 1998, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró sin lugar la acción de amparo constitucional, ejercida por la ciudadana Tibaide Morffe de Hernández, en contra de los ciudadanos Natividad Colmenares y Magdalena Morán, en su carácter de efectivos de las Fuerzas Armadas de Cooperación cumpliendo funciones de Guardería Ambiental  del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.

 

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La Ley, ¿Letra muerta en acciones ambientales en Venezuela?

Represa de Machango, Estado Zulia. Venezuela.

Artículos 127, 128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  “Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las necesidades ecológicas. De acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable que incluya la información, consulta y participación ciudadana.

Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural”. …”En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aún cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico”.

1.999 a 10 años, ¿cómo estaremos con la ley, letra muerta o un hecho inviolable? Venezuela gesta en estos años realidades ecológicas, tristes y sin cambios aparentes, un presupuesto en materia de Ambiente, además de reducido, ineficiente  ante las realidades y exigencias en materia del calentamiento global, se siguen asumiendo su importancia únicamente el dial del árbol, el planeta o del agua. Para lograr detener esta actividad destructora de nuestro planeta, tendremos que asumir la responsabilidad presupuestaria para confrontar los días por venir, luego será muy tarde para lograr detener los estragos de los males que le hemos causado a nuestro planeta Tierra. Es responsabilidad de todos, afirma el eslogan de Proyecto Cumbre Ecológica y es así como debemos asumirlo.

En base a la Convención Marco sobre Cambios Climáticos, representan un desafío importante para los países exportadores de petróleo: “Todos tomamos la misma agua, respiramos el mismo aire, vivimos en el mismo planeta; a la OPEP también le interesa el futuro ambiental y por eso espera que las medidas para combatir problemas de cambios climáticos beneficien a todos los países por igual”. En consecuencia, la empresa petrolera, (PDVSA) no ha logrado tampoco mejorar el control ambiental de sus operaciones: continúan los derrames, ruptura de oleoductos, las lagunas de desechos, la contaminación en agua y tierra. La falta de sanciones a los responsables de delitos ambientales y la ineficiencia del Estado para vigilar y controlar las responsabilidades legales de la empresa petrolera, contribuyen a que esta compañía no mejore su récord ambiental.

De otros lados, desde  hace años para acá; los incendios se convierten en una de las principales causas de degradación de la cubierta vegetal, en el Municipio Caroní del estado Bolívar, se determinó que de 300 incendios registrados, 80% tienen que ver con la vegetación. De una manera más específica, causaron preocupación los incendios forestales que afectan al menos 3.000 hectáreas de terreno en las plantaciones de Pino Caribe. y 65 hectáreas de bosques y sabanas en el Parque Nacional Canaima. En espera de la decisión de nuestro Gobernador del Zulia, Pablo Pérez A.  El aporte a la Cumbre  Ecológica de Burro Negro  río Machango para Octubre 2.009, estando Alenis Guerrero y Marianéla Fernández diputados del Concejo Legislativo del Estado Zulia, Venezuela, comprometidos para impulsarla.

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MEMORIAS DEL SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DERECHO AMBIENTAL

 
Presentación


La presente obra colectiva es fruto del análisis y discusión llevados a cabo durante el Segundo Encuentro Internacional de Derecho Ambiental celebrado en la Ciudad de México del 06 al 10 de octubre de 2003, en la Cuidad de México.


El Primer Encuentro Internacional de Derecho Ambiental en octubre de 2002, logro el objetivo de impulsar la investigación jurídica ambiental entre la concurrencia de especialistas tanto nacionales como internacionales, representantes de países de América Latina que atendieron la convocatoria. El intercambio de experiencias y conocimientos vertidos durante el evento, generaron opiniones y propuestas específicas en cada una de las temáticas planteadas, en la que se expresa la riqueza de pensamientos, la diversidad de opiniones y la multitud de propuestas, que dejaran constancia de sus aportaciones en la publicación de las memorias del primer encuentro.


La celebración del Primer Encuentro Internacional de Derecho Ambiental fue gratamente acogidos por los diversos sectores vinculados con el tema ambiental, quienes reconocieron que dicho esfuerzo abrió un fructífero espacio para debatir a un alto nivel con los actores y responsables de acciones trascendentales en la materia, lo que se instó a dar continuidad a este foro de acercamiento, análisis y propuesta.


El Segundo Encuentro Internacional de Derecho Ambiental representa el firme compromiso de México en continuar promoviendo la creación de espacios para el intercambio de nuevas experiencias, desarrollo de conocimientos en el campo del Derecho ambiental y conocer los avances de los acuerdos alcanzados en el primer encuentro, responsabilidad a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo la coordinación y dirección del Instituto Nacional de Ecología y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-Oficina Regional para América Latina y el Caribe con la participación de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A. C. y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.


Con la suma de todos estos esfuerzos se logró la asistencia de cerca de 200 participantes, nacionales y extranjeros especialistas en Derecho ambiental , representantes de países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Venezuela, quienes disertaron sobre asuntos ambientales de carácter global, regional y nacional, desde una perspectiva académica, el ejercicio profesional del derecho, la investigación y la función pública vinculados al derecho ambiental, destacando la presencia de los representantes de España, lo cual le dio un giro de carácter iberoamericano que permitió conocer la situación del Derecho Ambiental en la región.


Con el propósito de agotar la agotar la extensa agenda de trabajo se programaron 15 mesas temáticas en las que se abordaran asuntos relativos a la responsabilidad ambiental, el régimen jurídico para la biodiversidad, los seguros y fianzas ambientales, derechos humanos y medio ambiente, derecho de acceso a la información ambiental, conmutación de multas, la autonomía del derecho ambiental, aplicación y cumplimiento de acuerdos multilaterales ambientales, se realizaron 2 Paneles de expertos sobre temas relevantes en la materia, se presentaron 2 Conferencias Magistrales sobre asuntos de interés jurídico ambiental, y se presentaron 2 obras bibliográficas relacionadas con el Derecho ambiental. Cabe destacar el profesionalismo, la cordialidad y el respeto mostrados por todos y cada uno de los participantes durante los cinco días de análisis crítico de los asuntos mencionados.


La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce el esfuerzo concertado del Instituto Nacional de Ecología, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-Oficina Regional para América Latina y el Caribe, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A. C. y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual abrió un fructífero espacio para debatir a un alto nivel con los actores y responsables de acciones trascendentales en materia ambiental, cuyos aportes culminan con la presentación de estas memorias.

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Derecho Ambiental

¿Qué es el Derecho Ambiental? //

Costacentral

El Derecho Ambiental es una disciplina jurídica en formación. Es posible, no obstante, identificar las que constituyen hoy sus principales características, las cuales le otorgan en conjunto la suficiente especificidad para justificar la existencia de un área especializada con dicho nombre.

El origen de esta especialidad se encuentra conectado al momento histórico en el cual la “cuestión ambiental” se incorpora a la agenda pública. La sociedad civil en determinados países, inicialmente los industrializados, encuentra en los problemas ambientales amenazas serias para su salud y su supervivencia como sociedad en el largo plazo, asumiendo la posibilidad de introducir reformas o cambios institucionales capaces de enfrentar dichos riesgos. Históricamente siempre ha existido una preocupación sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Lo distinto de la cuestión ambiental contemporánea deriva de una concepción “holística” (todo incluido) que concibe el ambiente como un sistema en el cual sus distintos componentes (vivos y no vivos) generan en conjunto algo más que la simple suma de sus partes (sinergia). También se percibe que existe una relación entre la acción humana y el problema ambiental que genera responsabilidad. El problema ambiental no es fruto de azar o de los caprichos de la naturaleza, sino es un efecto (deseado o no) de las actividades del hombre. Por ello, es posible regularlo. El Derecho Ambiental regula por lo tanto relaciones humanas que tienen al ambiente como campo de batalla, la lucha por la distribución de los riesgos modernos. El conocimiento y la percepción sobre la naturaleza de dichos riesgos y los medios para enfrentarlos han ido desde luego variando, pero en general se asume que existen ciertas “condiciones ambientales mínimas” que hacen posible el desarrollo pleno de la persona humana y que, en palabras de Amartya Sen, no reducen significativamente los “vectores de desarrollo” personal, permitiendo la expansión de las libertades reales de que gozan los seres humanos. Desde luego, existe discusión respecto a dichas condiciones y sobre los mejores medios para alcanzarlas. Finalmente, también es neceario identificar las fuentes o causas de los riesgos ambientales y los efectos o impactos que generan o podrían generar, de tal manera que podamos contar con la información que nos permita decidir adecuadamente sobre los mejores medios para alcanzar las metas de protección ambiental.

Los resultados de estas operaciones (determinación de las condiciones ambientales esperadas, la identificación de los riesgos y la definición de los mejores medios para enfrentarlos) son traducidos a instituciones jurídicas, derivando en un sistema de asignación jurídica de cargas y riesgos ambientales entre los distintos actores de la sociedad, generando a su vez obligaciones y responsabilidades específicas. La finalidad última de este sistema es el asegurar el mantenimiento de las condiciones ambientales, o dicho en términos jurídicos, la protección del ambiente, de tal forma que se asegure la posibilidad efectiva del goce del derecho a un ambiente adecuado.

Esta perspectiva implica que el Derecho Ambiental debe resolver tanto problemas de Justicia (ambiental) como de eficiencia (ambiental). Lo primero está vinculado con criterios éticos y políticos para asignar las cargas y riesgos. Lo segundo está ligado a criterios técnicos y de costo-beneficio al momento de optar por distintas opciones e instrumentos de política y derecho. Desde luego, ambos procesos se presentan interrelacionados. No obstante, el primer proceso alcanza mayor intensidad frente a la definición tanto del contenido del derecho a un ambiente adecuado como en la definición de la política ambiental. Lo segundo se hace más intenso respecto de la selección de los instrumentos y su aplicación. Y atravezando todo el proceso, el Derecho aparece interrelacionado fuertemente con el conocimiento científico, que le brinda la base para muchas de las decisiones críticas que deben tomarse.

El entender de esta manera el Derecho Ambiental hace fácil explicar la interrelación con las distintas especialidades dentro del Derecho. Esto sucede en primer lugar porque instituciones jurídicas centrales, como “propiedad” y “responsabilidad” o “derechos humanos” son necesarias para precisar el contenido del derecho al ambiente adecuado y el sistema de cargas y riesgos. Del mismo modo, la necesidad de atender problemas éticos, políticos, técnicos y económicos, lleva a acudir a las disciplinas distintas a la jurídica relacionadas con dichas materias.

El ámbito del Derecho Ambiental

Dos ámbitos generales han sido siempre incluidos al interior del Derecho Ambiental. Uno orientado a los problemas de contaminación ambiental y de deterioro de las condiciones del medio, y otro orientado a la conservación de los recursos naturales, de tal forma que se asegure el aprovechamiento sostenible de dichos recursos. Se habla por lo tanto de protección ambiental y conservación de los recursos naturales. Aunque es posible diferenciar ambas áreas (cosa que también ocurre en la economía ambiental), los principios y objetivos se encuentran estrechamente entrelazados. Lo que se requiere sin duda es asegurar que las condiciones del ambiente en el cual se desarrolla la vida humana reúnan las condiciones para proteger la salud de las personas y la propia viabilidad de los ecosistemas en el mediano y largo plazo. En consonancia con lo expuesto, la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) recoge estos principios y establece como ámbito de aplicación de dicha norma las dos materias anteriormente señaladas.

Tareas del Derecho Ambiental

Tal como hemos venido sosteniendo, son tres las tareas centrales que tiene el Derecho Ambiental. Estas son:

1. Consagrar y definir el contenido jurídico del derecho a un ambiente adecuado para vivir

2. Definir que acciones o relaciones son consideradas (jurídicamente) como generadores de impactos negativos significativos sobre el derecho a un ambiente adecuado y que requieren de la regulación legal del Estado.

3. Instituir y desarrollar los instrumentos jurídicos que permitirán alcanzar los objetivos de desempeño ambiental establecidos, incluyendo las sanciones jurídicas frente a las acciones u omisiones que los distintos actores (públicos y privados) tomen.

La primera tarea está vinculada con la incorporación del derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, saludable o adecuado en las constituciones políticas, tratados internacionales o en otros instrumentos jurídicos. Además implica darle contenido a dicho derecho, es decir, definir qué es exactamente un “ambiente saludable”. La segunda tarea identificar las acciones que serán objeto de regulación legal, por implicar riesgos al goce del derecho al ambiente adecuado y por ser problemas que no pueden ser resueltos sin la intervención legal del Estado. Finalmente, la última tarea implica generar los mecanismos legales que permitan que los distintos actores involucrados en la gestión ambiental puedan asegurar el goce del derecho al ambiente sano, incluyendo los mecanismos judiciales de protección de derechos y los instrumentos de gestión ambiental.

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Venezuela y su Prespectiva Ambiental

 

El tema ambiental en el mundo, ha adquirido significativa importancia precisamente en el momento en que las teorías del desarrollo prevalecientes a principio y mediados del siglo XX no consideraban al ambiente como factor de relevancia para que los países alcanzaran su desarrollo.Entre algunas teorías sobre el desarrollo se destacan, la del libre comercio de Adam Smith, teoría de la dependencia, teoría sobre la acumulación e industrialización, la visión política de Marx, las mismas se centraban en el aumento del capital físico y financiero, con acentuada subestimación de otra forma de capital como el natural y/o cultural.

Ante la perspectiva de crecimiento y desarrollo adoptado por los países a nivel mundial, en el que el capital natural era poco relevante, surge el tema del desarrollo sustentable como una nueva alternativa, en donde se destacan temas proclives para ser analizados con profundidad, tales como: capital natural limitado, deterioro del ambiente por tecnologías inadecuadas, incremento de la pobreza y consideración de la ecología como una determinante para el desarrollo de los países.

Es a partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano, celebrado en Estocolmo en 1972, en donde se pone de manifiesto la protección al ambiente, tal como lo expresa Caldewell (1998 p. 203) “Estocolmo legitimó el ambiente como un tema de relaciones entre naciones y dio una dimensión más amplia de la Ley Internacional”; sin embargo, es a partir de la 1ª Conferencia sobre ambiente y desarrollo de las Naciones Unidas, celebrada en Río de Janeiro en 1992, que se adopta la Agenda 21, documento detallado y contentivo de 40 capítulos que orienta o fija para todos los países las actividades que en materia ambiental deben cumplir para lograr alcanzar un desarrollo sustentable.

En relación a la Agenda 21, el Estado venezolano antes de la Conferencia de Río venía desarrollando un trabajo exitoso en materia ambiental, tales como la creación en 1977 del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), como un organismo público con políticas y acciones definidas en materia ambiental y de los recursos naturales, siendo por ello considerada como pionera en Latinoamérica, tal como lo afirma Francés (1999 p.273) “Venezuela ha protegido sus bosques, su flora y su fauna, mejor que otros países tropicales. Fue pionera en la protección de las cuencas de los ríos y la creación de un organismo público de protección del entorno con la puesta en marcha del MARNR, en 1977″.

Sobre este particular la vocación ambiental del Estado Venezolano, ha sido evidente y reconocida a nivel latinoamericano, aún cuando la Constitución de la República de Venezuela no lo establecía como un derecho consagrado para los venezolanos; no obstante, esa vocación ambiental se hizo realidad con la reciente aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en la cual se establecen por primera vez los derechos ambientales, los cuales textualmente expresan:
Capitulo IX. De los derechos ambientales

“Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y de mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parque nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.

Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.

En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley.”

Los citados artículos definen para Venezuela una perspectiva en el derecho ambiental, tomando en consideración que es por primera vez que el Estado Venezolano asume la obligación de garantizar a la población venezolana una mejor calidad de vida, para lo cual se deberán modificar las existentes leyes y sancionar otras normas que le permitan llevar a cabo una gestión ambiental exitosa en el cual la protección y preservación ambiental, sea el norte de la política ambiental venezolana.

Con relación al marco legal, es menester en este nuevo milenio que el Gobierno nacional haga cumplir las leyes inherentes al ambiente, tanto a nivel nacional, estatal y municipal; porque de nada sirve tener excelentes leyes ambientales y no se sancionan los delitos que comete el propio Estado Venezolano y los entes privados en el desarrollo de sus actividades.

En este sentido, el nuevo Gobierno venezolano, debe estudiar y analizar la trayectoria de nuestro país a lo largo de las tres últimas décadas, y reflexionar sobre su perspectiva ambiental en el contexto Latinoamericano y mundial, de tal forma que se alcance en el largo plazo el tan anhelado desarrollo sustentable.

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